Coincidiendo, y no por casualidad, con el Día Mundial de la Educación Social, el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadores y Educadoras Sociales entrega en el Congreso de los Diputados sus alegaciones al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Este Proyecto de Ley está a punto de iniciar su trámite parlamentario. Uno de los riesgos más patentes de su aplicación es romper con el principio de proximidad y subsidiariedad en la prestación de servicios a los habitantes de los municipios. La prestación de los servicios sociales debe realizarse desde el ámbito más próximo a las personas, favoreciendo la permanencia en su entorno habitual de convivencia y la integración activa en la vida de su comunidad y la participación de las mismas.
El actual Proyecto está inspirado en el retorno a modelos asistencialistas y de beneficencia (desmontando el sistema actual basado en los derechos sociales), atendiendo al hecho que únicamente está basado en la rentabilidad económica, dejando al margen la rentabilidad social y los intereses y las necesidades de las personas, grupos y comunidades.
El Consejo General y los Colegios que lo forman exigen su retirada o modificación sustancial durante el trámite parlamentario, conocedores de la importancia que los servicios que se oferten a la ciudadanía sean de la máxima calidad.
Como representante de los profesionales de la Educación Social, el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales se ha ofrecido a los Grupos Parlamentarios en el Congreso y al Gobierno del Estado, para mejorar sustancialmente este proyecto de ley, que de ser aprobado en los términos en los que está redactado será absolutamente negativo para las políticas sociales del Estado.
